La regulación de las energías renovables ha suscitado un debate muy tenso entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los autoconsumidores en España. Desde el polémico Real Decreto 900/2015, estas leyes han sido modificadas y discutidas en profundidad a fin de prevalecer su fin último: aportar un desarrollo verdaderamente sostenible.

¿Por qué se le llamó impuesto al sol?

Cuando apareció en circulación el RD 900/2015, el descontento fue muy elevado. En ese momento, se creía que todas las personas se verían obligadas a pagar altos impuestos por el uso de sus propias instalaciones de energía renovable. Y eso provocó un retroceso en los incentivos para que más personas se animaran a generar energía limpia.

Existen dos tipos de instalaciones de autoconsumo energético: las que son totalmente independientes y las que se conectan a la red como suministro de apoyo. 

El consumo de las instalaciones aisladas es directo y en caso de tener baterías, esa energía acumulada pertenece íntegramente a su propietario. Este grupo de autoconsumidores no deben pagar nada por generar y consumir la energía que sus plantas producen. Así fue en el RD 900/2015, y se mantiene en la actualidad.

Luego están las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red pública como soporte ante alguna eventualidad o cuando las placas no puedan generar energía. Una tercera categoría serían las instalaciones que generan energía, la almacenan y el excedente, lo envía a la red pública.

¿Quiénes debían pagar el impuesto al sol?

El debate se daba por los autoconsumidores que estaban conectados a la red pública. La ley contemplaba que estos usuarios debían pagar los mismos gastos de mantenimiento, distribución y potencia que los usuarios no generadores de energía. 

Los que se encontraban conectados a la red tendrían que pagar por la posibilidad de tener disponible el respaldo del suministro en todo momento. La ley contemplaba que los gastos de mantenimiento que no cubrían los autoconsumidores, se verían reflejados en la factura de luz de los usuarios comunes.

Así que los autoconsumidores que no estaban exentos del “impuesto al sol” eran los autogeneradores con un contrato de 100 kW o inferior. Estos debían pagar impuestos fijos y variables derivados de costos de consumo, mantenimiento, distribución y potencia. Además, debían generar igual o menor kW que los contratados a la red pública, eliminando la posibilidad de comerciar la energía generada con empresas distribuidoras.

¿Cuál fue la reacción ante el impuesto al sol en España?

Uno de los puntos más criticados de la ley de autoconsumo fue el que no permitía la energía fotovoltaica compartida. Las bases de este argumento eran que una red de autoconsumo compartido podía ser considerada como una red de distribución y estas debían cederse a la administración pública.

Varios partidos políticos, organizaciones y ONG publicaron en el 2015 un manifiesto en el que exponían su oposición a la ley, apelando a que iba en contra del desarrollo de políticas que fomentaran energías limpias y frenaran el cambio climático.

Y fue así como en el 2018, fue derogada la ley de autoconsumo y rectificados sus preceptos en el RD 244/2019. En este se eliminan todos los impuestos sobre la generación de energía para autoconsumo. Se facilita la implementación de pequeños proyectos; se reconoce que el autoconsumo compartido es importante para el desarrollo sostenible y se elimina el tope máximo de generación de energía.

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